El acceso a los servicios de salud no debería ser una cuestión de vida o muerte. Tanto en los Estados Unidos como en México, la cobertura médica es un negocio bastante redituable para las compañías de seguros, así como para el gobierno; pero la balanza no siempre se inclina a favor del paciente. En ambos lados de la frontera existen deficiencias gravísimas en el sistema de salud pública; la diferencia es que en la Unión Americana primero te atienden y luego te mata la factura; en México, primero te infartas con el cobro y luego te prestan atención médica.
En el aspecto público, en Arizona para recibir el beneficio de cuidados de salud es necesario ser residente o ciudadano de los Estados Unidos; los indocumentados u otros inmigrantes no tienen derecho a solicitar la ayuda de gobierno. Estos últimos tienen que adquirir pólizas privadas para asegurar el bienestar de sus familias.
Los servicios médicos en los Estados Unidos son caros y considerados como un lujo; por eso, el año pasado, el gobierno federal puso en marcha el “ObamaCare”, un plan de salud que obliga a todos los habitantes a contar con cobertura médica y ofrece descuentos y subsidios para que ninguna persona se quede fuera.
Todos los contribuyentes –salvo contadas excepciones- tienen la obligación de estar protegidos, de lo contrario tienen que pagar penalidades. Esta imposición en las finanzas familiares fue severamente criticada por muchos y, a pesar de su implementación, aún sigue el debate de la legalidad de esta medida. En Estados Unidos, el empleador no está obligado a ofrecer cobertura médica, se puede ofrecer como una prestación, pero no es una ley que competa a todas las compañías.
A través de esta ley de cuidados médicos asequibles, personas que nunca antes habían “comprado esa tranquilidad”, ahora pueden hacerlo, sin importar su estado migratorio. Ya no tienen que enterrarse en deudas médicas por una emergencia familiar, una condición preexistente o una complicación severa de salud. Gracias a ese programa, los servicios médicos preventivos, las visitas a un doctor de cabecera y las consultas con especialistas no son un anhelo inalcanzable; ahora pueden hacerlo porque es su derecho.
Los críticos del programa han juzgado con severidad que Obama haya “quemado sus cartuchos políticos” en aprobar una ley poco popular. Sin embargo, fue la manera en la que el ejecutivo intentó solucionar el grave problema de millones de dólares de cuentas por pagar en hospitales públicos y privados, así como el aumento de visitas a salas de emergencia en lugar de consultorios médicos.
En México el panorama diferente. El seguro social es la prestación de común denominador en el sector privado, mientras que los empleados del gobierno gozan de otros beneficios. En el vecino país del sur son relativamente pocos los que tienen un seguro de gastos médicos mayores o que adquieren una cobertura de salud por alguna entidad que no sea pública: El pagar por esa póliza no es parte de la canasta básica y la gran mayoría no puede costearse el lujo de buscar la iniciativa privada. Además el gobierno no da incentivos como los del “ObamaCare” porque no le conviene, porque su negocio está invertirle en una institución como la del Seguro Social llena de carencias y limitaciones.
He tenido la oportunidad de probar de las dos aguas. Fui una dependiente del ISSTESON y estuve inscrita en el Seguro Social; sufrí las carencias, las eternas esperas por el surtido de los medicamentos y la postergación de citas con especialistas que eran necesarias con rapidez. Mientras vivía allá, a pesar de tener cobertura médica, prefería desembolsar y pagar consultas privadas para no envejecer o empeorar en el sistema. De este lado pago más dinero mensualmente, pero me siento más tranquila. He visitado las salas emergencias y no me han negado los servicios por no tener una cuenta bancaria adinerada para saldar mi deuda inmediatamente. Soy parte del sistema de los planes de pago y así lo son también muchos sonorenses que como yo viven o se atienden de este lado.
Maritza L. Félix 