Cuando tocaron la puerta de la habitación, la esposa del cliente de Emilia Bañuelos se sobresaltó. No esperaba visitas en su corta estancia en un Motel 6 de Phoenix; tampoco había avisado a nadie que se hospedaría en ese lugar con sus hijos.
Volvieron a tocar. Esta vez abrió.
Eran agentes de ICE que iban a buscar a su marido. No traían una orden de cateo o aprehensión, solo habían acudido al motel porque “alguien” les había dado el “pitazo”. A ella solo le entregaron las pertenencias y la dejaron en paz.
En su nerviosismo, el hombre confesó que era indocumentado; de ahí, todo quedó borroso. Fue esposado y puesto en custodia de las autoridades. Su destino: Florence, en donde tendría que aguardar la deportación y, si tenía suerte, conseguir a un abogado y exponer su caso frente a un juez de inmigración. Lo logró. No tenía expediente criminal y pasó más 33 días encerrado, pero ahora está libre y su batalla legal está lejos de terminarse.
Una historia muy similar es la que cuenta un cliente de Ray Maldonado, solo que a su representando lo detuvieron los policías de Phoenix, quienes lo entregaron a las autoridades. Pero no es el único caso de este tipo que lleva este abogado de inmigración, Maldonado asegura que son varios los que están peleando por esa “detención sospechosa” en Corte.
El cliente de Juan Rocha también terminó encerrado en Florence tras otro arresto sospechoso. Se trata de Manuel Rodríguez Juárez, un jardinero de 33 años. A él fue el pleito con su novia el que le costó su libertad, ya que después de la discusión decidió dejar su casa y rentar un cuarto en ese motel, en espera de que se calmaran los ánimos. En la recepción del Motel 6 le pidieron el pago de $45 y su identificación, y como no tenía otra, entregó su credencial de votar mexicana como aval de identidad. Con eso, encendió los focos rojos y activó el imán de las autoridades: tres agentes de ICE llegaron y se lo llevaron.
“¿Ya no hay ningún lugar seguro para nuestras familias inmigrantes, para nuestros niños?”, cuestionó Petra Falcón, directora de Promise Arizona. “Cuando el sheriff Arpaio hacía sus redadas, las familias se escondían en los hoteles, y ahora son los hoteles quienes los están entregando… ¡es una vergüenza!”, exclamó.
La compañía hotelera Motel 6 contestó a través de las redes sociales. En un tuit indicó que esta práctica se hacía a nivel local sin el consentimiento de la gerencia. “Cuando nos enteramos de esto, la semana pasada, lo descontinuamos”, se lee. De ahí en fuera, no hay más respuesta.
En el 2015, la Corte Suprema dictaminó que las autoridades municipales no pueden exigirle a los moteles que entreguen la información de los huéspedes si no tienen una orden; sin embargo, dejó abierta la puerta a la “colaboración”, ya que permite que los dueños de la compañía entreguen esos datos de manera voluntaria. Eso es lo que los abogados de inmigración temen que esté pasando.
De acuerdo a la publicación Phoenix NewTimes, recepcionistas de diferentes sucursales de Motel 6 en Arizona confirmaron que comparten la información de los huéspedes con las autoridades, aunque la revista asegura que estas declaraciones fueron “off the record”. Otra abogada de inmigración de Chandler citada en el reportaje dijo que sospecha que los empleados están recibiendo $200 por persona detenida.
Pero la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contradice esta versión.
“Los ciudadanos que dan tips a ICE no son compensados por la información”, indicó en un comunicado de prensa Yasmeen Pitts O’keefe, portavoz de la agencia en Arizona.
“Es importante destacar que hoteles y moteles, incluidos los que están en el área de Phoenix, por lo general son explotados por las organizaciones criminales que están involucradas en peligrosas actividades ilegales como el contrabando y tráfico de humanos”, añadió.
En reiteradas ocasiones, la vocera ha indicado que por seguridad nacional, ICE no da detalles específicos sobre las fuentes de sus operaciones. Este caso no fue la excepción.
De acuerdo a los abogados de inmigración de las presuntas víctimas, las autoridades no solo protegen la información de quienes los llaman, sino de su modus operandi; sin embargo, a través de las historias de los detenidos es sencillo: Llegan los agentes de ICE o los policías de Phoenix y tocan la puerta; como no tienen una orden, “conversan”, hasta que el entrevistado hace una declaración incriminatoria que les daría la luz verde para realizar el arresto. El resto es historia y, para los licenciados, materia para un litigio que podría terminar con una solución favorables para los indocumentados detenidos.
Maritza L. Félix 